Redacción Ciudad Diagonal
Un nuevo paso se dio en la Cámara de Diputados con el avance del proyecto Inocencia Fiscal II, que obtuvo dictamen de mayoría este miércoles gracias al apoyo de aliados de la coalición oficialista. El texto, que ahora está en condiciones de ser debatido en el recinto, establece que los funcionarios públicos no podrán adherir a los beneficios propuestos, lo que ha generado interrogantes sobre la retroactividad de cinco años que planea implementar el Gobierno.
A través de modificaciones en el proyecto original, el oficialismo logró reunir 44 firmas a favor, con apenas una disidencia, lo que refleja una búsqueda de consenso que podría considerarse problemática ante la actual situación económica del país. Este tipo de iniciativas despiertan preguntas sobre el impacto real que podrían tener en la administración pública y en la confianza ciudadana.
La decisión de excluir a los funcionarios de los beneficios fue consecuencia de diversas objeciones planteadas por bloques aliados, entre ellos La Libertad Avanza, UCR y PRO. Este consenso puede interpretarse como un intento del oficialismo por consolidar su apoyo en un contexto de desafíos económicos y descontento social.
El debate está programado para el 26 de agosto, una fecha que podría marcar un hito en la política económica del país. Sin embargo, persisten las dudas respecto a cómo se implementará la retroactividad y las implicancias que esto tendría para los ciudadanos.
Fuente: Radar nacional – principales medios.
