Redacción Ciudad Diagonal
La Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como «Ley de Etiquetado Frontal», fue sancionada en 2021 con el objetivo de promover hábitos alimentarios saludables mediante sellos de advertencia en alimentos envasados y bebidas analcohólicas. Estos octógonos negros informan a los consumidores sobre excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías, facilitando decisiones de compra más informadas. Además, la norma regula la publicidad dirigida a las infancias y promueve la educación alimentaria en escuelas.
Investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, como la Lic. María Eugenia Golzi y la Dra. Nadia Florencia Nagai, indican que esta ley responde a una crisis de salud pública, evidenciada por la creciente tasa de sobrepeso y obesidad en Argentina, donde el 61,6% de la población presenta exceso de peso. Esta situación está asociada al aumento en el consumo de productos ultraprocesados y puede derivar en Enfermedades Crónicas No Transmisibles.
Recientemente, ha surgido un debate en torno a la intención del Gobierno nacional de derogar la ley. Los opositores argumentan que los sellos confunden a los consumidores y que su implementación genera costos elevados para la industria. Sin embargo, expertos sostienen que la eliminación de la ley representaría un retroceso en la promoción de hábitos saludables y el derecho a una información clara.
El etiquetado frontal ha demostrado su efectividad en otros países de la región. Estudios en Chile y México revelan que este sistema ayuda a los consumidores a identificar rápidamente productos con excesos de nutrientes críticos. Localmente, investigaciones indican que ha influido positivamente en el hábito de compra de alimentos envasados en Argentina.
Por otro lado, el debate también incluye la discusión sobre el modelo de perfil de nutrientes adoptado, al que algunos consideran demasiado riguroso. Especialistas sugieren que una optimización en este sistema podría beneficiar tanto a los consumidores como a la industria.
Las autoras advierten que el proyecto del Gobierno no apunta a mejorar la ley, sino a su derogación, lo que implicaría debilitar las normas de publicidad hacia niños y niñas y retrasar la promoción de entornos escolares saludables. Este análisis revela un conflicto entre políticas públicas enfocadas en la salud y la desregulación económica.
Fuente: UNLP – Noticias Institucionales.
