La reciente adjudicación del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a un consorcio privado ha generado diversas preocupaciones en torno al precio de venta, la transparencia del proceso y las consecuencias para los usuarios. El defensor del Pueblo adjunto general bonaerense, Walter Martello, expresó sus reservas durante una entrevista en el programa 8 AM Arriba que Vamos de Radio Universidad AM 1390.
La operación, que se cerró por 340,2 millones de dólares, fue significativamente menor a los 500 millones esperados inicialmente. La falta de información sobre uno de los integrantes del grupo comprador, PHX Aqua, así como la ausencia de un precio base en la licitación, han sido puntos críticos planteados por Martello. El contrato está previsto para firmarse el 13 de noviembre de 2026.
Martello resaltó que en el último año, AySA reportó un superávit de 237.000 millones de pesos, lo que se asocia a la disminución de inversiones y un aumento promedio de tarifas que ronda entre el 600 y 700%. Aunque existe parte de la recaudación destinada a tarifas sociales, el nuevo esquema de facturación podría resultar en ingresos adicionales significativos para el nuevo operador, planteando interrogantes sobre la continuidad y calidad del servicio de agua y saneamiento.
Además, preocupaciones surgieron sobre la posibilidad de interrupciones de servicio ante el impago, lo que podría afectar a un sector vulnerable de la población. Actualmente, cerca de 3,7 millones de personas en el área metropolitana carecen de conexión a la red de agua potable.
En el ámbito judicial, cuatro legisladores nacionales han presentado acciones para cuestionar la privatización, basándose en la opacidad de los informes de valuación y los vínculos empresariales con la campaña de La Libertad Avanza. La tensión se intensifica a medida que se acerca la firma del contrato, planteando interrogantes sobre el futuro del acceso al agua y la sostenibilidad del servicio en la región.
