Redacción Ciudad Diagonal
La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires se detuvo inesperadamente. La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dictó una suspensión por 60 días tras un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
La jueza advirtió que los dispositivos locales de privación de la libertad no están en condiciones de recibir a un mayor número de adolescentes, lo que reabre el debate sobre la capacidad del sistema penal juvenil para manejar una posible sobrecarga de casos. Esta situación plantea incógnitas sobre la gestión de políticas públicas en un área tan sensible.
La nueva normativa, que buscaba bajar la imputabilidad a los 14 años, había entrado en vigencia solo el pasado sábado, generando un fuerte rechazo por parte de figuras políticas como Patricia Bullrich, quien acusó al gobernador Axel Kicillof de «ponerse del lado de los delincuentes». Esta confrontación pone de relieve las profundas divisiones políticas en torno a la reforma del sistema penal.
La controversia surge en un contexto donde se cuestiona la efectividad de las reformas en el ámbito de la justicia juvenil y su posible impacto en la seguridad pública. Las voces críticas señalan la necesidad de un verdadero compromiso con la infraestructura y recursos necesarios antes de implementar cambios legales que afecten a un sector vulnerable de la población.
En medio de tanta incertidumbre, el futuro de la ley y su aplicación en instancias judiciales quedan en suspenso, evidenciando la complejidad de un tema que sigue despertando múltiples reacciones.
Fuente: Radar nacional – principales medios.
