Redacción Ciudad Diagonal
La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada hace un año por el Congreso, todavía no ha sido plenamente implementada, según el diputado nacional Daniel Arroyo, quien fue su autor. En una reciente entrevista, Arroyo destacó que la norma se encuentra judicializada y que el Gobierno nacional ha logrado cumplir solo con algunos de sus artículos.
La situación afecta no solo a las personas con discapacidad, sino también a las instituciones que brindan servicios y a los profesionales del sector. Arroyo advirtió que más de 200 mil solicitudes de pensiones están pendientes, lo cual agrava la crisis en el ámbito de la discapacidad.
El legislador remarcó que desde la aprobación de la ley, el contexto ha empeorado. Muchas familias enfrentan dificultades para acceder a medicamentos, traslados y terapias, debido a la falta de un nomenclador actualizado que regule el pago de servicios por parte del Estado y las obras sociales. Arroyo indicó que estos valores se han quedado atrás ante el aumento de los costos, lo que genera problemas económicos en las instituciones y afecta a los profesionales.
La inexistencia de respuestas adecuadas del Estado frente a las peticiones de pensiones y servicios esenciales recaen en las familias, que deben asumir gastos significativos relacionados con la atención de las personas con discapacidad. Arroyo insistió en la necesidad de una acción más efectiva por parte del Gobierno para garantizar los derechos de este sector de la población.
Fuente: Medios UNLP – Noticias.
